Durante la segunda semana de julio, se lograron importantes avances en materia de seguridad y procuración de justicia en Guerrero. Derivado de las acciones coordinadas entre la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército y la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se logró la detención de 15 personas por diversos delitos en Guerrero.
Lo anterior fue dado a conocer durante la transmisión semanal del vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, Randy Suastegui Cebrero, en donde se informó que en diversas operaciones de seguridad, durante la segunda semana del mes, del 8 al 14 de julio, se aseguraron 22 vehículos, de los cuales 11 tenían reporte de robo y 11 estaban relacionados con hechos delictivos. En cuanto a armamento, se incautaron 2 armas largas, 4 cargadores y 253 cartuchos útiles y se decomisaron 1,044 gramos de estupefacientes, incluyendo marihuana y la droga conocida como Cristal, generando una pérdida financiera de 198 mil pesos para los grupos delictivos, informó Carlos Antonio Herrera Justo, encargado de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
En materia de procuración de justicia, el Vicefiscal de Control Evaluación y Seguimiento, Jonathan Urrutia León, señaló que se cumplimentaron 16 órdenes de aprehensión y se logró la vinculación a proceso de 14 personas por diversos delitos.
La Fiscalía General del Estado obtuvo 19 sentencias condenatorias por delitos como secuestro, homicidio, violación, violencia familiar, feminicidio, abuso sexual y trata de personas.
Durante la transmisión informativa se resaltaron las acciones implementadas en materia de alerta de violencia de género por agravio comparado y las causales para acceder a un aborto seguro, según el Artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero.
Las niñas, adolescentes y mujeres tienen derecho a un aborto seguro y a una atención especializada en todos los hospitales del estado cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual, exista daño a la salud de la embarazada, esté en riesgo la vida de la embarazada, haya alteraciones genéticas o congénitas del producto, sea resultado de una conducta imprudencial o accidental, se niegue este derecho en el primer trimestre del embarazo, haya inseminación forzada o por autonomía reproductiva.
Estas medidas refuerzan el compromiso del estado con la seguridad y los derechos de las mujeres.
